La minería ilegal, una de las economías ilícitas más lucrativas en Perú, ha provocado una situación alarmante en el departamento de Puno, superando incluso al narcotráfico en términos de ingresos generados ilegalmente. Recientemente, este fenómeno ha desencadenado un violento enfrentamiento en los distritos de Coasa y Limbani, resultando en la muerte de al menos una persona y la desaparición de otras quince.

Los distritos afectados, Coasa en la provincia de Carabaya y Limbani en la provincia de Sandía, han sido escenario de conflictos ligados a la disputa de territorios involucrados en actividades mineras ilegales. Según informes de medios locales como Pachamama Radio, estos enfrentamientos se han intensificado en los últimos días, especialmente en el sector Chiwi – Inambari.

El subprefecto de Coasa, Rodolfo Churqui, reveló que el 29 de noviembre se organizó una emboscada en el distrito, un incidente que había sido advertido por la comunidad de Chiwi diez días antes, aunque sus peticiones de protección no fueron atendidas con éxito. Hasta el momento, el saldo de esta violencia incluye un fallecido, seis heridos y quince personas desaparecidas, además de considerables daños materiales y ambientales. Estos datos han sido confirmados por Jesús Choquenaira Málaga, alcalde de la Municipalidad Distrital de Coasa.

Luis García Paco, un joven de 23 años, ha sido identificado como la víctima mortal del conflicto, según informa RPP. Los heridos han sido trasladados a pie a la capital de Coasa para recibir atención médica. La situación ha generado un ambiente de inseguridad y miedo entre los ciudadanos, exacerbado por el uso común de armas de fuego, dinamita y machetes por parte de los grupos ilegales.

Ante esta escalada de violencia, la Municipalidad Distrital de Coasa ha hecho un llamado urgente a las autoridades competentes para entablar un diálogo que permita enfrentar y resolver la crisis. Han instado a los líderes regionales y locales a involucrarse de manera inmediata para abordar los problemas que asolan la selva de Coasa. Como medida de precaución, se ha suspendido la realización de los Juegos Olímpicos Municipales Provinciales Carabaya 2023.

En una entrevista con Radio La Decana, Óscar Giménez, funcionario del medio ambiente en la Fiscalía de Puno, admitió que, a pesar de los esfuerzos, la minería ilegal continúa siendo un desafío insuperable en la región. Aunque el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) registra 47 empresas mineras formales en la provincia, la minería ilegal está presente en todas las jurisdicciones mencionadas, lo que demuestra la magnitud del problema.

Este último incidente en Puno no solo pone de relieve las consecuencias mortales del conflicto limítrofe que afecta a las provincias de Carabaya y Sandia, sino que también destaca la necesidad crítica de una intervención más efectiva y coordinada por parte del gobierno para controlar la minería ilegal y proteger a las comunidades afectadas. La situación en Puno es un recordatorio sombrío de los retos que enfrenta Perú en su lucha contra la economía ilegal y su impacto en la sociedad.