A pesar de contar con una cartera minera de más de US$ 53,000 millones, después del proyecto Quellaveco no se vislumbra otro gran proyecto que impulse el sector minero en el Perú.

Según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), la inversión minera caerá un 18.9% este año (US$ 4,670 millones) y se espera una disminución adicional del 8.7% en el 2024. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿cuándo se dará la recuperación?

Con el objetivo de atraer el interés de los inversionistas hacia el Perú, el Poder Ejecutivo ha anunciado que se aprobará el 100% de las certificaciones ambientales de nueve proyectos mineros para diciembre de 2023.

Estos proyectos incluyen la ampliación de Toromocho, la construcción del proyecto San Gabriel, la planta de cobre Río Seco, Zafranal, Yanacocha Sulfuros, la reposición de Antamina, la reposición de Inmaculada, entre otros.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, señala que una de las razones detrás del retroceso en la inversión minera en el país durante el 2023 es la falta de otros proyectos de gran envergadura como Quellaveco y la postergación del proyecto Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones).

«Muchas empresas están siendo afectadas porque los costos de los insumos han aumentado, lo que ha llevado a la postergación de las inversiones. Muchas de las grandes compañías mineras que operan en el país son transnacionales y están enfocadas en optimizar sus carteras de inversión a nivel internacional», sostiene Castilla.

Si bien la conflictividad social es otro factor a tener en cuenta, Castilla menciona que la lentitud en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y los permisos de operación para los proyectos mineros es un obstáculo relevante.

El exministro propone que, para reducir significativamente los plazos de aprobación de los proyectos, se establezca una mayor coordinación entre las entidades involucradas en estos procesos, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernap), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entre otros.

Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincide en que se debería contar con una sola autoridad ambiental para agilizar los permisos ambientales.

Actualmente, los permisos presentados al Senace son enviados a otras cinco o seis instituciones para su evaluación, como la ANA, el Serfor y otros. Esto ralentiza todo el proceso. Gobitz recomienda que el país cuente con una sola autoridad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para agilizar estos trámites.

Tanto Castilla como Gobitz consideran que la inversión minera se recuperará en el 2025, ya que la demanda de metales seguirá en aumento debido a la transición hacia fuentes de energía más limpias.

En cuanto a los permisos de exploración minera, Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, sostiene que no debería haber demoras, ya que estos proyectos tienen un impacto ambiental leve a moderado y siempre remediable.

Cardozo destaca que en los últimos años se han otorgado aproximadamente cinco permisos anuales y espera que se cumpla el anuncio del Ejecutivo de otorgar nueve en el 2023. Además, plantea la eliminación de la consulta previa en el proceso de exploración, ya que considera que no es necesario en esta etapa.

En resumen, se requieren medidas que agilicen los procesos de aprobación de proyectos mineros y se promueva la simplificación de trámites para impulsar la inversión en el sector. La recuperación se espera para el 2025, aprovechando la demanda creciente de metales debido a la transición energética.