Durante el Encuentro Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ingeniero Fernando Gala destacó que la incorporación de nuevas operaciones mineras ha permitido al país aumentar el valor de las exportaciones mineras a US$ 40,000 millones, lo que ha generado recursos económicos para mejorar el PBI a S/ 550,000 millones y reducir la pobreza en un 25% en un lapso de 30 años.

«Sin embargo, la puesta en marcha de los 47 proyectos mineros en cartera no solo nos igualaría a Chile en términos de producción de cobre, sino que duplicaría el valor de las exportaciones mineras de US$ 40,000 millones a US$ 80,000 millones, lo que implicaría mayores impuestos, más empleos y mayores beneficios económicos para las comunidades a través del canon y las regalías», resaltó.

No obstante, el presidente del Consejo de Minería afirmó que casi 30 proyectos aún no han definido una fecha de inicio de construcción debido a diversos riesgos de carácter sociopolítico, técnico, legal, financiero o empresarial, muchos de los cuales han sido determinantes para el aplazamiento de la inversión en Yanacocha Sulfuros o la suspensión del desarrollo de Tía María y Conga.

«Si la empresa minera percibe que el riesgo es alto y no se ha logrado mitigar mediante los estudios previos realizados, será difícil que decida llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, se deben abordar y tratar los riesgos, lo que implica su identificación, valoración, implementación de acciones de mitigación, asignación de recursos y seguimiento constante», añadió.

Licencia social, una necesidad no regulada En este sentido, el exviceministro de Minas hizo hincapié en que uno de los principales riesgos sociales para la construcción de un proyecto minero es la falta de obtención de la licencia social, la cual garantiza la viabilidad social del mismo. Sin embargo, esta licencia no debe confundirse con los mecanismos de participación ciudadana o consulta previa, que se aplican al subsector minero y están reconocidos por ley.

«La participación ciudadana se lleva a cabo durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, mientras que la consulta previa se aplica a los pueblos indígenas u originarios. No obstante, la implementación de ambas prácticas no garantiza la obtención de la licencia social, que es un permiso no legal otorgado por la comunidad local, la provincia o la región donde se ubica la operación minera», señaló.

En este contexto, Fernando Gala aseguró que tanto la empresa como la población deben buscar acuerdos que beneficien a ambas partes, con el objetivo primordial de generar legitimidad, credibilidad y confianza. Posteriormente, se podrá obtener la licencia social para el proyecto minero, la cual es un concepto de naturaleza sociológica y dinámica que requiere un trabajo continuo.

«El desarrollo económico de un país se logra a través de más inversiones, y la inversión minera es necesaria. Sin embargo, sacar adelante un proyecto minero no es tarea fácil, ya que requiere completar de manera exitosa la cadena de valor, desde la exploración hasta la evaluación financiera del proyecto, así como una adecuada valoración de los riesgos a los que se pueda enfrentar», enfatizó.