Mientras la producción oficial de oro se ve disminuida, la minería ilegal en Madre de Dios y otras regiones del Perú muestra un crecimiento alarmante, una situación que desafía la economía, el medio ambiente y el marco legal del país.

La producción formal de oro en Perú ha mostrado una tendencia decreciente en la última década, disminuyendo en un -1.5% de enero a agosto de 2023. En contraste, la explotación ilegal del metal precioso ha experimentado un incremento preocupante. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha destacado una caída en la producción desde los 164 millones de gramos finos en 2010 a 97 millones en 2022, con una contracción significativa a partir de 2019. Este declive se atribuye a una disminución de la exploración y al avance de la minería ilegal, ahora más vinculada al crimen organizado.

La SNMPE señala que la minería informal e ilegal ha llegado a extraer 2.2 millones de onzas de oro, lo que constituye un 39.3% de la producción aurífera nacional. Paralelamente, las grandes empresas mineras registran solo un 43.9% de la producción, dejando más de la mitad de la extracción en manos de operaciones menores, muchas de ellas informales o ilegales.

Este fenómeno ha cobrado especial fuerza en Madre de Dios, donde la presencia de maquinaria y operadores ilegales ha aumentado en un 400% en los últimos dos años, según reportes del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Además, las pozas contaminantes, donde se acumulan residuos tóxicos como el mercurio, han triplicado su extensión, pasando de 788 hectáreas en 2021 a 2,550 hectáreas en 2023.

Frente a este panorama, Gustavo Ramírez, líder del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la SNMPE, sugiere una estrategia integral que incluya el control de insumos y de las plantas de procesamiento que comercializan el mineral ilegal. Ramírez insta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a intensificar la vigilancia sobre las transacciones sospechosas, vinculando la minería ilegal con el lavado de activos.

La SNMPE propone fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional para detectar e intervenir en áreas afectadas por la minería ilegal, así como identificar a los financistas detrás de estas redes criminales. Además, insta a la aprobación de un Plan Nacional de Combate contra la Minería Ilegal, el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Energía y Minas en fiscalización, y la conclusión del proceso de formalización minera sin más dilaciones.

Otras recomendaciones incluyen la implementación de un sistema nacional de trazabilidad que exija la certificación del oro desde su extracción hasta su exportación, garantizando así la procedencia legal del mineral.

El desafío que enfrenta Perú no es solo económico, sino también ambiental y social. La expansión de la minería ilegal amenaza los ecosistemas de la Amazonía, pone en peligro la salud de las comunidades locales y socava la estructura legal del país. Resolver este problema requerirá una acción decidida y coordinada entre diversas instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil.